Escrito por Josep Patau
La Ley Antifraude en España, conocida formalmente como la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se aprobó el 9 de julio de 2021 con el objetivo de reducir la evasión fiscal, aumentar la recaudación tributaria y mejorar el control sobre las operaciones económicas. Esta ley se enmarca en los compromisos adquiridos con la Unión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Principales medidas de la Ley Antifraude
- Limitación de pagos en efectivo
Una de las medidas más destacadas es la reducción del límite de los pagos en efectivo entre empresarios y profesionales, pasando de 2.500 a 1.000 euros. En el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España, el límite se redujo de 15.000 a 10.000 euros. Esta medida busca reducir la economía sumergida y fomentar el uso de medios de pago electrónicos, que son más fáciles de rastrear. - Prohibición del software de doble uso
Se prohíbe el uso de programas informáticos que permitan manipular la contabilidad para ocultar ingresos o falsear registros. Se establecen sanciones de hasta 50.000 euros para las empresas que utilicen o distribuyan este tipo de software fraudulento. - Mayor control sobre criptomonedas
La ley impone nuevas obligaciones de información a las personas y entidades que gestionan criptomonedas. Los contribuyentes deben declarar tanto la tenencia como las operaciones con criptomonedas, incluyendo aquellas que se realicen en el extranjero. Esta medida responde al crecimiento del uso de activos digitales y busca evitar el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. - Lucha contra los paraísos fiscales
Se amplía el concepto de paraíso fiscal, incluyendo territorios con baja tributación y falta de transparencia. Además, se obliga a informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero para evitar la ocultación de patrimonio. - Modificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
Se eliminan ciertas ventajas fiscales en comunidades autónomas con una regulación más favorable, como Madrid. Esto afecta especialmente a los beneficios aplicados a herencias y donaciones, buscando una mayor equidad fiscal entre regiones. - Aumento de sanciones y control sobre SOCIMIs y SICAVs
Se establecen nuevos requisitos para las SICAVs (Sociedades de Inversión de Capital Variable), obligando a que cada inversor tenga al menos 2.500 euros invertidos para evitar que sean utilizadas como mecanismos de elusión fiscal. También se incrementa la tributación de las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), que ahora deben tributar un 15% sobre beneficios no distribuidos. - Refuerzo en la valoración de bienes y transacciones
Se introduce un nuevo valor de referencia para los bienes inmuebles en operaciones como compraventas y herencias, con el fin de evitar la subdeclaración del precio real y aumentar la recaudación.
En resumen, la Ley Antifraude refuerza los mecanismos de control fiscal y busca aumentar la transparencia económica, limitando prácticas fraudulentas en diversos ámbitos.